• ATE

    26 de julio de 2019

    Opinión

    Por Daniel Godoy

    Daniel Godoy Director IDEPSALUD ATEARGENTINA, Movimiento por el Derecho a la Salud MDS

    Medicamentos gratis para jubiladxs, una medida sanitaria urgente

    En estos días se ha puesto en agenda la discusión sobre la posible gratuidad de los medicamentos a nuestras jubiladas y jubilados. Ha sido una propuesta efectiva y concreta por parte de una de las formulas presidenciables, en este caso a través de declaraciones públicas del Dr. Alberto Fernández.

    Inmediatamente la cadena de tracción de la especulación y el “no se puede” (y no se debe!) se puso en marcha, desacreditando la iniciativa entre otras razones agitando la chicana “lo vamos a pagar entre todxs” como si el casamiento de MM/FMI no lo afrontaremos entre todxs lxs argentinxs (lxs de esta generación y las próximas), o poniendo en categoría de “gasto” a una “inversión” tan decisiva como devolver acceso al medicamento y por lo tanto devolver Salud a las jubiladas y jubilados de este país. Efectivamente la posibilidad de una medida semejante descomprimiría la crítica situación de la mayoría de lxs jubiladxs por 2 situaciones: en principio porque la voraz inflación acumulada en la era MM descalzó las magras actualizaciones de los haberes jubilatorios.

    Según la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Jubilados es de $ 30.524 al 1 de abril de 2019, mientras el 65% de las jubilaciones y pensiones cobran el haber mínimo bruto de aproximadamente $ 11.500 (por debajo de la línea de indigencia de $ 12.086,78 en el mes de mayo último); así, casi 7 de cada 10 jubiladxs necesitan más de dos jubilaciones y media para alcanzar la línea de pobreza.

    Las diferentes estimaciones coinciden en una pérdida importante del valor adquisitivo de los jubiladx; por ejemplo según el CEPA, el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo 18,3%, (incluso considerando el aumento pre - visto para junio de 2019) en relación al promedio del poder adquisitivo de 2015. O sea que cualquier medida que por medios directos (aumento de los haberes jubilatorios) o indirectos (reducción de gastos de bolsillo) son de una urgente necesidad para parte de la población más vulnerada y más vulnerable de la Argentina.

    En el caso de los medicamentos, componen buena parte de esa canasta estimada específicamente para adultxs mayores. Recordemos que la mayoría de las personas de 60 años y más consumen en promedio entre 4-8 medicamentos, lo que hace inevitable el impacto negativo en su economía y por ende en su salud. Mientras las jubilaciones aumentaron un 172% entre mayo de 2015 y mayo de 2019, la inflación de los medicamentos en el mismo periodo alcanzó 314% en general, con aumentos cercanos al 700 % algunos medicamentos de alta tasa de uso entre la población adulta mayor.

    Sin contar obviamente, con que a partir de la modificación en la Resolución N° 005 de PAMI, para acceder a la cobertura total se exige cumplir una serie de requisitos restrictivos y hasta absurdos como que ahora, los afiliados deben tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

    Ambas situaciones (la reducción del poder adquisitivo y el peso desmedido de los medicamentos en la estructura de gastos del/la jubilado/a promedio) traen como consecuencia abandonos ya comprobados de los tratamientos crónicos, tal lo que se observa en buena parte de las obras sociales (IOMA la obra social de los estatales bonaerenses de - creció en la cobertura en medicamentos hasta orillar el 25% en promedio).

    Y así como Alberto Fernández fue concreto y certero con su propuesta, debería serlo con el proyecto estructural para el PAMI. Sanitaristas cercanos a Sergio Massa como el Dr. Rubén Torres (también Rector del ISALUD de Ginés González García) hablan de viejas propuestas de vaciamiento del PAMI, tales como la Provincialización, o la libre elección y migración de lxs jubiladxs a otras obras sociales, en línea con el Proyecto CUS del Gobierno y el FMI. Medicamentos puede y debe ser la punta del ovillo para devolver al PAMI lo que lxs jubiladxs merecen y reclaman: que sea transparente, que atienda las necesidades sociales y sanitarias de lxs afiliadxs y no de las corporaciones, y que deje de ser una cueva del clientelismo y la amigocracia, y que tribute a un sistema de salud integrado y solidario.

    Pero ampliando el marco de análisis, podríamos decir que el rubro medicamentos necesita también de una atención y un abordaje urgente y efectivo, en la necesaria restitución del derecho a la salud que el próximo gobierno debe operacionalizar, y que la confluencia de la mayoría del Movimiento Sanitario argentino plasmó en los 15 Puntos por el Derecho a la Salud (MS15) que está siendo entregado a lxs candidatxs presidenciables, y donde se encuentra incluido el medicamento como bien social y no como bien de mercado.

    El gasto en medicamentos compone buena parte del importante gasto en Salud que registra la Argentina (estimaciones disimiles entre el 7 y el 10 % del PBI), que incluye el altísimo gasto de bolsillo de las personas de los cuales el gasto en medicamentos es cerca de la mitad. La presunta crisis de financiamiento del Sistema de Salud en buena parte está en buena parte influida por un mercado absolutamente irracional y cuasi des regulado, como es el mercado del medicamento.

    Desde mayo de 2015 a mayo de este año, los medicamentos se incrementaron un 298% en promedio, con picos de hasta 710% en el caso de algunos remedios utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Así lo informó un trabajo sobre la situación de las personas mayores realizado en conjunto por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC).

    La capacidad de compra del sector público en conjunto con el PAMI y las Obras Sociales Provinciales acumulan 27 millones de personas (aproximadamente 15, 7 y 5 millones respectivamente) demandantes de medicamentos, y algo así como la mitad del gasto global en salud. “…establecer políticas públicas de abastecimiento de medicamentos para planes sociales direccionadas sobre el eje de la compra, las vuelve muy vulnerables al significativo poder de las grandes empresas farmacéuticas y a los avatares de una economía de “mercado. Una alternativa real a las políticas de compra de medicamentos consiste en la utilización de la capacidad instalada existente en el sector público y que se expresa en los laboratorios de PPM que hay en nuestro país…” decía el recientemente fallecido investigador Martin Istúriz.

    La Producción Pública de Medicamentos es una de las claves para recuperar racionalidad en el gasto y el consumo del mercado de los medicamentos en la Argentina, devolver derechos vulnerados en clave de Salud, y promover soberanía en un campo de tanta dependencia estructural.

    El mismo Perón y Carrillo a poco de asumir en 1946, y demandados por una situación de aumento desmedido de precios, crearon la Empresa EMESTA Empresa Medicinal del Estado, que prontamente lanzó al mercado farmacéutico 100 productos en farmacias de todo el país entre un 50 y 75 por ciento más baratos que los similares de otros laboratorios, caracterizando al medicamento como un bien social, e insuflando soberanía al sector estratégico tecnológico.

    Hay en el país casi 40 laboratorios de PPM en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 12 provincias (Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chaco y Mendoza). Esa capacidad instalada y optimizada, admitiría buena parte de la demanda de medicamentos para las patologías prevalentes de lxs afiliadxs del PAMI; y mejorada, ser ariete en la provisión del Sistema Público y de las Obras Sociales Provinciales.

    Se debe retomar el impulso oscilante (y contradictorio por momentos) otorgado durante el gobierno anterior a la Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP), en donde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, actuaba como soporte tecnológico en alrededor de 30 rubros como control de calidad, modernización tecnológica, actualización de procesos industriales, control de materias primas y análisis de costos, calibración de equipos, por mencionar algunos. Un solo anuncio decanta en varias encrucijadas necesarias de ser develadas.


    Relacionados