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    5 de octubre de 2018

    Acampe: Jornada sobre Agroindustria y Soberanía alimentaria

    Calculan una caída real del 60% en el presupuesto del sector para el próximo año.

    En una charla conjunta trabajadores de ATE en SENASA, Agricultura Familiar e INTA trazaron un panorama sombrío para el sector Agrioalimentario luego que el gobierno nacional profundizara la transferencia del control del sector a los productores que tienen el poder concentrado de la tierra, que encarna principalmente a través de la Sociedad Rural y que tiene en el propio Secretario de Agroindustria, Miguel Ángel Etchevehere, como primera controlador.

    Esta posición dominante de “los dueños del campo argentino”, se fue consolidando con el nombramiento de  Etchevehere y desde entonces se viene produciendo numerosos despidos de trabajadores en áreas esenciales como SENASA y Agricultura Familiar, con más de 1.000 despidos  desde fines del año pasado y el acelerado traspaso de funciones a favor de las grandes empresas del sector agro exportador.  

    En esa línea, Claudio Díaz de ATE- Senasa por la provincia de Buenos Aires explicó que “es la segunda vez en la historia que el ministerio es ocupado directamente por un miembro activo de la Sociedad Rural y sus acciones se ven a la vista: 130 despidos en enero, otros 300 en abril y un inmediato avance en la tercerización de funciones”. 

    Sobre ello se explayó Díaz: “el gobierno habilitó la autogestión de los grandes productores rurales, y ello lo vemos en la caída del presupuesto oficial. Por caso en el SENASA hay un  aumento en la partida, pero a valores reales tiene una pronunciada caída que estimamos en casi un 60%.”.

    En ese sentido la denuncia gremial fue corroborada por los anuncios hechos por el Jefe de Gabinete Marcos Peña, a su paso por el Congreso, donde expuso la presentación del Presupuesto. “Peña anunció allí el recorte de más de 10.000 puestos de trabajo de personal precarizado en los convenios con fundaciones, universidades, y ONG. En este recorte 750 trabajadores  serán del área de Agroindustria, con la reducción del  programa ArgenINTA”.  

    Para Laura Schweid del  SENASA de la Capital Federal, la lectura inicial es que “claramente para este gobierno, como para todos los que se nuclean en la Organización Mundial del Comercio (OMC), los trabajadores sobramos”.  

    La compañera también alertó sobre el cierre de numerosas oficinas que el organismo tiene en provincias y en zonas de fronteras. Y en esta toma del SENASA por parte de los grandes terratenientes marcó una diferencia: “no todas las fundaciones desaparecen de la operatividad de  la Secretaría de Agroindustria, las que hacen a sus propias políticas públicas, como es el caso de la Fundación Pensar, ganan espacios de decisión”.  

    El cierre para los trabajadores del SENASA fue de Gustavo Montiveros, de la regional Ezeiza, quién puso en números el recorte presupuestario: en el 2018 tenemos para ejecutar 4.223 millones de pesos, y para el 2019 4.937 millones, lo que representa un aumento del 17%, pero teniendo en cuenta el acelere inflacionario del segundo semestre del año y que vamos a acabarlo con un 45% de inflación y la no certeza de cuanto será el año que viene pero de seguro que no es del 23% como se estima, la pérdida real de nuestro presupuesto la estimamos en el orden de un 60%”.

    Montiveros le pone hechos que ya se viven a las consecuencias del recorte: “en la provincia de Buenos Aires más del 40% de las oficinas del Senasa  dejaron de tener lugar propio y pasaron a funcionar en la Sociedad Rural o en Carbap” y agregó que “cuando decimos que  se apunta a que las propias empresas  se controles a sí mismo, es eso, ya tienen a sus  propios empleados y son ellos mismos quiénes les pagan sus salarios”.

    Y el recorte avanza también con la “ventanilla única”  para el Senasa que se habilióa para trámites de AFIP, Aduana y otros “eliminando así puestos de trabajo y funciones de control”, dijo.

    Por último puso en conocimiento que es intención del gobierno reconstituir volver a otorgar el control de ingreso de productos al sur de la Fundación de Barreras Patagónicas (FUNBAPA) que por la lucha de los trabajadores había dejado de tener el control de policía sanitario para pasar a manos del SENASA. Al respecto señaló que “hay negociaciones con productores agropecuarios para que así sea, lo cual es un retroceso porque desde que está a cargo del SENASA mejoro muchísimo el control, aumento el decomiso de productos en mal estado y ello es muy importante  para que la región siga siendo libre de aftosa”.

    El siguiente panel lo conformaron trabajadores de la Agricultura Familiar, que en lo que va del año han sufrido unos 600 despidos de todas las reparticiones nacionales.

    Como primer invitado a participar estuvo Carlos Vicente, de la organización de apoyo al campesinado GRAIN, quién mostró el grave panorama que afecta a la tierra cuando esta queda en manos de grandes productores y las trasnacionales. Vicente sostuvo que hoy los pequeños productores sólo controlan el 25% de las tierras en el mundo. Este porcentaje también se aplica a la Argentina  aunque sin embargo destacó que “más del 60% de los productos que consumimos son producidos por el sector de la pequeña Agricultura Familiar”.  

    Como contrapartida ejemplificó que “los terratenientes no producen para el país. Más de 20 millones de hectáreas nuestras son usadas aquí para producir para la UE y China, aceites, derivados, alimentos para animales, y aquí aún persisten millones de argentinos con necesidades”.

    Otro dato que dejó es que por año en Argentina  se desforestan en el país 200.000 hectáreas, y esto representa “una gran destrucción para la economía regional”.

    En consonancia con él, el dirigente Nahuel Levaggi  de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) señaló que en el Congreso se está tratando y con claras intenciones de aprobarlo una ley de semillas que va contra los intereses de los productores de la Agricultura Familiar. “Lamentablemente el modelo productivo no forma parte de los grandes temas de discusión en el país y ello es necesario hacerlo porque el país produce más que sus propias necesidades y aún así persiste el hambre”, acotó, antes de subrayar que “todo se va legislando a favor de las multinacionales y los agro exportadores”, `posición que coincide con los trabajadores del INTA  que dice que este espacio “hoy está copado por las organizaciones rurales”.

    Los delegados de ATE- Agricultura Familiar también señalaron que “mientras el aumento del dólar favorece a los grandes concentradores del mercado afecta sistemáticamente a los pequeños productores de la Agricultura Familiar porque deben pagar todos sus insumos con sus valores dolarizados”.

    Respecto a los recortes de `puestos de trabajo en el sector indicaron que “ello indudablemente perjudicara al pequeño productor porque sin los técnicos se quedarán sin asistencia”.   

    Para la sectorial con el recorte de los puestos de trabajo el gobierno libera definitivamente el camino a los grandes terratenientes. “En el trabajo conjunto que hicimos con la economía Rural hemos logrado reducir la cadena de intermediación mejorando el ingreso de los pequeños productores” y agregaron: “el recorte presupuestario los devolverá a muchos de ellos a la informalidad, cuando hoy más del 53% de la mano de obra del sector rural la aporta ellos”. 

    Prensa ATE


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